viernes, 18 de febrero de 2011

INFORMACIÓN SOCIALMENTE ÚTIL

Por Fernando Aguilera de Hombre

A más de tres años de haberse establecido en el Estado, la transparencia, el acceso a la información y el órgano garante que vigila la aplicación y cumplimiento de la novedosa Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por parte de los denominados Sujetos Obligados, en beneficio de la sociedad en general, y a favor del desarrollo democrático de la entidad, se hace necesario e imperante, pasar al siguiente nivel en esta materia del derecho a la información, como mecanismo vertical de rendición de cuentas.

Esto es, debemos dar el paso hacia lo que se conoce como información socialmente útil o focalizada, es decir, mejorar o completar la información que se encuentra en las páginas de las dependencias y entidades, en general de todos los Sujetos Obligados, publicando entre otros rubros información relativa a estudios, opiniones o recomendaciones en materia de derechos humanos aplicables en lo particular a cada uno de los Sujetos Obligados que señala el artículo 5 de la Ley 848; información referente a los procedimientos y mecanismos de evaluación de su propia gestión; información concerniente a estudios y opiniones, sobre el quehacer gubernamental financiados con recursos públicos, mencionando a los consultores, el monto y tiempo en que se desarrollaron; información tocante al impacto que han tenido las acciones gubernamentales en la sociedad a la que va dirigida según su competencia, entre otros temas que sean de interés general.

Igualmente valioso sería el hecho de que los Sujetos Obligados establecieran en sus portales institucionales, mecanismos de encuesta o captación de comentarios, con la finalidad de mejorar la calidad de la información.

También se sugiere que se den a conocer en los portales institucionales los casos de éxito que se hayan obtenido a raíz de solicitudes de acceso a la información pública, esto es, casos que hayan impactado en una mejora de la gestión pública, como pudiera ser la reducción de costos, ampliación de coberturas, disminución de pasos en los trámites o servicios, etc.

Como se puede apreciar, hay mucho por hacer, creemos que vamos por el camino correcto, pero sin duda hace falta el impulso de la participación ciudadana que nos señale los errores y nos sugiera las acciones que se puedan implementar para hacer del derecho a la información una eficaz herramienta de rendición de cuentas, de evaluación del desempeño y de la mejora continua.

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